A través de un estudio de caso en la zona del Sumapaz -localidad 20 de Bogotá-, se hace un análisis del conflicto armado colombiano. En esta región, el Gobierno del presidente Álvaro Uribe ejerció presencia y control en el marco de su política de seguridad democrática, coherente con una estrategia contrainsurgente que niega la existencia del conflicto armado. Allí mismo, el gobierno distrital, manejado por el partido político de oposición Polo Democrático Alternativo, desarrolla políticas para el restablecimiento de la seguridad y la convivencia, las cuales tampoco se corresponden con la existencia de dicho conflicto, pues carece de mecanismos apropiados para proteger los derechos de sus habitantes. Aunque ambos gobiernos reivindican el fortalecimiento de la gobernabilidad y la institucionalidad en la región, su presencia allí es precaria. Los funcionarios ejercen sus cargos desde la capital y la población se mantiene a merced de una ?ocupación militar?, que nadie desconoce. Se constata allí cierta subordinación de la política distrital a la nacional y de la autoridad civil a la militar, lo que se evidencia con la presencia en la zona de unos 3000 soldados. La alternativa del gobierno distrital, impulsor de la política de seguridad ciudadana, ha sido la construcción de un pacto de convivencia, como una vía para devolver la paz y la tranquilidad a la región, buscando mejorar la calidad de vida con oferta educativa, salud e infraestructura vial. El reto, construir gobernabilidad democrática con participación ciudadana y fortalecer allí la institucionalidad del Estado.