La Constitución de 1991 representa una sofisticación jurídico-política del Estado colombiano en tanto reforma la institucionalidad para garantizar los derechos de los individuos y de las asociaciones. Sin embargo, esta nueva Constitución trajo consigo cambios fundamentales en lo relativo a la concepción y regulación de la economía nacional, dando prelación a la libre circulación del capital. Esta Constitución dio paso a la apertura económica y a un régimen de acumulación financierizado, en concordancia con las reformas estructurales promovidas desde las instituciones internacionales desde finales de siglo XX.