La puesta en marcha de una nueva Constitución Política para Colombia en 1991 significó un acontecimiento para la vida política de la nación en tanto posibilitó, en términos formales, la apertura de medidas garantistas frente a lo que la Constitución de 1886 desconocía en su momento: una perspectiva de derechos y la necesidad de una renovación en la estructura, funcionamiento y alcances de las instituciones que conformaban el Estado, ahora dispuesto ello en XIII títulos (CPC, 1991).