La impunidad puede ser leída como una categoría formal (objetiva) o informal (subjetiva); en Colombia, predomina su concepción en la dimensión subjetiva. A partir de esta premisa, se analiza la construcción social de la realidad del delito, destacando el papel del escándalo y la indignación en ese proceso. Luego, se argumenta que las políticas penales en uso son populistas y se basan en un derecho penal máximo. En dirección opuesta, se avanza una doctrina alternativa basada en la deconstrucción social de los imaginarios fabricados acerca de la criminalidad y el control. Dicha alternativa da lugar a un derecho garantista, coherente con el Estado social de derecho, que controle con eficacia las acciones socialmente divergentes de interés para el sistema de control penal.