El presente artículo busca conceptualizar el principio de seguridad jurídica y su incidencia en los actos administrativos de aseguramiento de la calidad académica en Colombia. A su vez, expone la interrelación de la educación inclusiva desde el enfoque diferencial, los ODS de la ONU y los procesos de registro calificado en la educación superior. El objetivo se centra en comprender el alcance de la seguridad jurídica, en la dimensión de aseguramiento de la calidad académica, bajo el enfoque de la educación inclusiva contemplada en el objetivo 4 de desarrollo sostenible de la ONU. Con fundamento en lo anterior, es apropiado establecer como paradigma problémico el siguiente: ¿por qué la educación inclusiva debe ser el criterio de determinación de la seguridad jurídica para los actos administrativos de aseguramiento de la calidad académica en Colombia? Como hipótesis se ha planteado que para salvaguardar los derechos de la población, particularmente en la educación inclusiva, es necesario que los actos administrativos de aseguramiento de la calidad académica estén soportados en el cumplimiento de las garantías, derechos y libertades señaladas en el ordenamiento jurídico y no en el constante cambio de legislación (educativa), como se ha materializado en los últimos años en el Estado colombiano, que presenta bajo el marco de legalidad aspectos que obstaculizan los procesos académicos de las instituciones de educación superior.