La protección penal contra la violencia psicológica y económica de la mujer surge a partir de la Ley 82 de 2013, que introduce a su vez el delito de Femicidio y con ello se reconoce que las mujeres se encuentran en un contexto de relaciones desiguales de poder, en situación de desigualdad respecto a los hombres que repercute en su acceso y manejo de los recursos económicos, y en su ámbito psicológico. Sin embargo, llama la atención, por un lado, la especial y exclusiva protección de la mujer, en detrimento de otros grupos de personas, y por otro, la deficiente técnica legislativa.