Este artículo reflexiona sobre la incidencia negativa de la contratación de publicidad oficial con medios y periodistas, además de las afectaciones que puedan generarse de esa relación en términos de autocensura y libertad de expresión. En Colombia es común que las entidades del Estado contraten directamente con periodistas la emisión de mensajes institucionales y contenidos sobre la gestión de los funcionarios públicos, el problema es que no existen parámetros objetivos para la asignación de esa contratación y termina siendo una feria de premios y castigos.