Siguiendo una tradición originada entre los altos funcionarios coloniales del siglo XVIII, durante la primera mitad del primer siglo de la república los gobernadores de las provincias tenían que presentar un detallado informe a las Cámaras provinciales. Aunque los aspectos sobre los que versaban estaban estipulados por la ley, las circunstancias del momento podían obligar a introducir aspectos que se consideraban importantes.