La creciente evidencia acerca de los vínculos entre consumo de bebidas azucaradas, obesidad y otras enfermedades crónicas plantea la necesidad de implementar acciones políticas que transciendan las intervenciones centradas exclusivamente en la responsabilidad individual. Temiendo que ello afecte sus objetivos comerciales en América Latina, la industria de bebidas azucaradas lleva a cabo un intenso cabildeo político en altas esferas gubernamentales de la región. Esta estrategia esta acompañada de los llamados programas de responsabilidad social empresarial dirigidos a financiar iniciativas que promocionan la actividad física. Estos esfuerzos, aparentemente altruistas, están dirigidos a mejorar la imagen pública de esta industria y a lograr mayor influencia política ante regulaciones contrarias a sus intereses. Si este sector de la industria desea contribuir con el bienestar humano, como públicamente lo expresa, debería evitar obstruir iniciativas legislativas dirigidas a regular la comercialización, mercadeo y oferta de sus productos.