El último trimestre ha sido un periodo de importantes cambios en materia fiscal en Colombia. En particular, la Ley de Financiamiento aprobada a finales del 2018 y el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (pnd) “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” dan cuenta de una necesidad apremiante de aumentar ingresos y reducir gastos, lo que supone un riesgo para asuntos centrales como la financiación de los gastos prometidos en el sector educativo o la continuación del proceso de reinserción a la sociedad civil de los desmovilizados de grupos armados como las farc. En efecto, se espera que la Ley de Financiamiento genere alrededor de 7,5 billones de pesos (Ahumada, 23 de diciembre de 2018), la mitad de lo que en su momento era la meta, de suerte que el cumplimiento de la regla fiscal depende en buena parte del éxito del gobierno para reducir las presiones del lado del gasto.