La atención puesta por la comunidad internacional sobre los temas ambientales no constituye ninguna novedad; desde los años 70, han proliferado un sinnúmero de tratados, protocolos, acuerdos, cumbres, organismos e instituciones en la búsqueda de lograr acciones concertadas entre los Estados a fin de enfrentar una problemática global. Sin embargo, y ya bien entrado el siglo XXI, su falta de operatividad muestra la distancia que existe entre los objetivos propuestos por las distintas instancias y los instrumentos que posibilitarían al menos paliar parte del problema. Si bien son innegables los avances -muchos y variados, sobre todo en ciertas regiones del planeta-, los temas ambientales parecen haber caído en el campo de la retórica. El mundo asiste, como un espectador impávido, a las catástrofes naturales y humanas producto de la degradación ambiental, la escasez de agua, alimentos, tierras, la desaparición de especies de toda índole, la contaminación y el cambio climático. Un fenómeno multidimensional, transversal y global que se constituye en el factor por excelencia que demuestra la incongruencia entre las fronteras legales internacionales y las redes ecológicas. Mucho menos puede dudarse del creciente vínculo entre el sector económico y el medioambiental en la medida en que las condiciones de la producción en masa amenazan la estructura del ecosistema planetario. Aunque estos elementos afectan a la humanidad en su conjunto, son justamente los habitantes de los países en desarrollo los que sienten sus efectos por cuanto dependen directamente de actividades primarias.
