Con la implementación del Plan Integral Frontera Sur (PIFS), en el año 2014, el Estado mexicano desplegó una serie de dispositivos y políticas de Estado que criminalizan la migración y violentan a personas provenientes del Centroamérica. Los operativos antitrata que operan desde 2013 en el Soconusco, se sumaron a las dinámicas de criminalización y han impactado de manera diferenciada en mujeres migrantes que trabajan en bares y cantinas de las zonas de tolerancia en la región. Desde la perspectiva de género y la criminología crítica, se da cuenta de las principales violaciones a derechos humanos que resultan de los operativos y que pone a las mujeres en situación de vulnerabilidad ante delincuentes y tratantes de personas.