Han pasado 28 años del levantamiento político-militar encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el cual viene exigiendo al Estado mexicano y sus instituciones la realización de los derechos de los que han sido desposeídos los pueblos originarios, en especial a la libertad, democracia, justicia, igualdad y paz. Para alcanzar estas aspiraciones, se requiere la aplicación de medidas judiciales y políticas sociales encaminadas a reparar violaciones masivas de derechos humanos, utilizando procesos de justicia transicional, que ya se han puesto en práctica en otros países -procesos de paz o misiones de paz- para superar sus contextos de conflicto, represión e impunidad, o para tratar el posconflicto.