El presente artículo científico se propuso como objetivo analizar el control judicial previo como instrumento de protección del derecho fundamental a la intimidad. Lo anterior en el entendido que, por mandato expreso del constituyente amparado por el Derecho internacional de los Derechos Humanos y el derecho comparado anglosajón, las actuaciones judiciales susceptibles de generar afectación sobre la privacidad de los ciudadanos, son solo admisible previa institucionalización de control judicial previo, siendo este un requisito inspirado en los principios de primacía de los derechos fundamentales, separación de roles y funciones, objetividad, prohibición del exceso y reserva judicial. Sin embargo, contrario a lo ordenado por la Carta magna, el legislador estableció que el ente acusador por medio de sus delegados tiene la facultad de ordenar dicha afectación, regulación que no solo resulta contraria a lo ordenado por el mandato superior, sino que además promueve un deterioro irracional y justificado de un importante derecho fundamental. A través de un enfoque cualitativo y un diseño hermenéutico, se confrontarán los postulados en favor y en contra de dicha reglamentación. Como conclusión, se demuestra la inexistencia de una contrariedad entre el mandato constitucional y lo regulado por la ley 906 del año 2004.