El Estado social de derecho tiene como presupuesto la dignidad humana, cuya materialización implica el reconocimiento de derechos y garantías mínimas por parte del Estado, situación que le implica asignar cuantiosos recursos y fortalecer las políticas sociales con el fin de reducir la pobreza y la desigualdad, a la vez que se hacen efectivos los derechos. Este artículo aborda esta temática y se propone como objetivo explicar la relación que subyace entre el gasto público y el costo de los derechos en el Estado colombiano. La metodología utilizada consiste en partir de unos referentes teóricos y conceptuales sobre Estado social de derecho, el costo de los derechos y gasto público, para luego presentar la forma como se financian los derechos en Colombia, haciendo énfasis en los costos de algunos derechos, para lo cual se consulta jurisprudencia, doctrina y normas jurídicas que soportan el costo de los derechos en Colombia. El documento concluye que para hacer efectivos los derechos, se requiere de la intervención del Estado, especialmente a través de la asignación de recursos para proveer bienes y servicios, lo que implica incrementar el gasto público. Tal asignación de recursos debe ser efectiva, expresada en servicios públicos de calidad, con coberturas, productividad y lucha contra la corrupción.