En el actual debate sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, resulta interesante proponer una mirada a la luz de las lógicas de los modelos legales de imputación tradicionalmente vinculados con su tratamiento (administrativo-penal). La posibilidad de legitimar un manejo diferenciado de los principios generales de ambos ordenamientos, especialmente del principio de culpabilidad, derivaría unas garantías y exigencias totalmente relevantes a la hora de decidir el tratamiento para los entes jurídicos. En ese sentido, este trabajo pretende explorar la relación existente entre las nociones de culpabilidad, presunción de inocencia y estándar de garantía, como aspectos determinantes para analizar el modelo del que se pretende hacer destinatarios a estos sujetos sociales. En últimas, lo que se pone de presente es una tensión entre un sistema basado principalmente en la eficacia y otro totalmente garantista.