En Colombia en los últimos seis lustros se han dado importantes transformaciones en la organización del sistema nacional de salud, especialmente en relación con la calidad de la atención, convirtiéndola en uno de los pilares fundamentales de la prestación de los servicios de salud; precisamente, fue la Ley 10 de 1990 quien estableció la salud como un servicio esencial y obligatorio que podría ser prestado directamente a través del estado o mediante particulares, y fue así como determinó en sus articulado, que debía “establecerse un sistema de fijación de normas de calidad de los servicios de salud y los mecanismos para controlar y vigilar su cumplimiento”(1).