Este artículo analiza el fenómeno de la estigmatización social de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, y su relación con la persecución, amenazas, hostigamiento y homicidios contra esta población, en especial después del Acuerdo de Paz de 2016. Esta relación ha sido especialmente ignorada, pese a que explica buena parte de la criminalidad dirigida contra los defensores y líderes sociales en el país, ya que tiende a normalizarla e incluso a responsabilizar a las propias víctimas de la violencia que sufren por cuenta de sus actividades. El artículo destaca la responsabilidad de los grupos armados al margen de la ley y sus economías ilícitas, y las fallas en la política penal del Estado para el control de esta estigmatización y criminalidad en Colombia.