En el presente artículo, el autor explora las formas en que la Administración Pública ha venido impulsando la implementación de programas de cumplimiento normativo en materia de libre competencia y protección al consumidor. Así, toma como referencia el carácter inicialmente voluntario de estos programas, para luego analizar el tratamiento normativo y jurisprudencial en la Unión Europea, Estados Unidos, Perú y Chile. Finalmente, adopta una postura crítica frente a la imposición de aquellos programas como medidas correctivas, formulando una serie de recomendaciones para una mejor actuación de la Administración Pública.