Pese a la paradoja de calificar como “especial” un contrato estatal por regirse por el derecho privado, el hecho de que se celebren en gran cantidad y los problemas cotidianos de su estudio e interpretación justifican un esfuerzo de claridad conceptual y teórica, entre otras, para permitir el control judicial efectivo de una jurisdicción que ha construido su objeto a partir de la comprensión de “instituciones” jurídico administrativas. Desde la constatación de una realidad que se aleja de las pretensiones de unidad que caracterizaron al contrato estatal en el Estatuto General, este artículo pretende identificar los principales problemas estructurales y proponer un orden conceptual de ellos, a efectos de sentar las bases de un control judicial coherente y consecuente.