Las recientes dinámicas político-jurídicas desplegadas en torno a la construcción de la comunidad negra como sujeto colectivo de derechos territoriales, económicos y culturales, han representado un reto en el que se han visto involucrados actores sociales, étnicos e institucionales, y que ha implicado un proceso de etnización que permitió el establecimiento de una «otredad» frente a una sociedad mayoritaria ante la cual se esgrime una especificidad cultural, que debe además ser protegida por mandato constitucional.Los debates en torno a la interpretación y aplicación de los textos constitucionales relativos al reconocimiento de la diversidad cultural, así como la legislación que los desarrolla, han generado un acervo jurisprudencial que claramente ha tenido un carácter performativo a la hora de precisar los difusos límites de categorías identitarias que condicionan el reconocimiento de la comunidad negra como entidad jurídica y que a la postre determinan el nivel de reconocimiento y visibilidad obtenido por este colectivo, a poco más de dos décadas de que el Estado colombiano asumiera su diversidad étnica y cultural y se autoerigiera en garante y protector de la misma.