Alcanzar altos niveles de bienestar social, crecimiento y desarrollo económico en una nación, implica dirigir los esfuerzos guberna­mentales hacía la construcción de una socie­dad cada vez más educada (UNAM, 2012). En Colombia, la educación está contemplada en el artículo 67 de la Constitución Política como un derecho de la persona y un servicio completamente gratuito en instituciones del Estado (Batista y Ortiz, 2013). Su financia­ción se realiza por medio de transferencias de recursos por parte del Estado – captados por concepto de impuestos, regalías, multas, entre otros - a las entidades territoriales, a tra­vés del Sistema General de Participaciones SGP- (Dirección Nacional de Planeación, 2016).