El Estado social de derecho y el sistema democrático de gobierno suponen la publicidad de los actos de sus autoridades, ya sea por divulgación proactiva o por respuesta a solicitudes de la ciudadanía. Con el acceso a la información pública se fortalece la legitimidad y la gobernabilidad de las democracias, se garantiza la transparencia en la gestión de cualquier gobierno, se promueve la rendición de cuentas y se previene la corrupción y el autoritarismo. A pesar de esta obviedad, sólo hasta 2006, la Corte Interamericana reconoció la existencia del derecho de acceso a la información en poder del Estado al resolver un caso en el que el ciudadano Claude Reyes pretendía que el Estado chileno le entregara información sobre un proyecto de explotación forestal. En esa ocasión, la Corte IDH sostuvo que “el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información es necesario para evitar abusos de los funcionarios públicos (...) y permitir un debate público sólido e informado que asegure la garantía de recursos efectivos contra los abusos gubernamentales y prevenga la corrupción”. El fallo tuvo un impacto de grandes dimensiones y efectos inmediatos. En Chile aceleró la adopción de la ley de acceso a la información pública y la creación del Consejo para la Transparencia. En países de la región se fueron a su vez adoptando normas similares, de suerte que hoy más de 22 países de las Américas cumplen su obligación de normativa interna que garantice el acceso a la información pública y el sistema interamericano cuenta con estándares sistematizados.