El Estado Colombiano ha recorrido un largo proceso de situaciones jurídicas que le permitieron incluir dentro de su codificación una reglamentación especial como es la insolvencia (Gustavo, 2005) para persona natural con una concepción que determina el sujeto a quien ha de aplicarse esta norma y es precisamente a las no comerciante. Precisamente este trámite es el que permite que una persona natural no comerciante logre negociar todas sus acreencias, convalidar acuerdos previos con sus acreedores y en última instancia liquidar su propio patrimonio (Jorge, 2013) para cumplir con sus obligaciones; esto solo fue posible cuando nuestro país conto con un régimen autónomo e independiente que regulara la materia, naciendo así la figura de los operadores en insolvencia y las herramientas jurídicas que permitieran la implementación del procedimiento.