Las trasformaciones sociales han generado el reconocimiento de poblaciones históricamente excluidas, esto ha permitido su participación en diferentes contextos sociales. La diferente normatividad desde la ONU, la Unesco y la Carta Constitucional de 1991, la Ley 381 del 97, la Ley 115 de 1994, La Ley 30 de 1992 y otras decisiones administrativas desde el Gobierno y las instituciones educativas, reconocen como derecho la inclusión en los ámbitos de la educación.