El derecho a la información en los contratos con consumidores adquiere relevancia porque de la misma depende la decisión de consumo, pero además porque las especificaciones relacionadas con el producto son vinculantes para el empresario, lo anterior, considerando las asimetrías que implica la relación de consumo para el consumidor final. Sin embargo, los derechos subjetivos no son absolutos y el derecho a la información en favor del consumidor debe ser interpretado de acuerdo con los principios constitucionales. Se debe establecer una regla de interpretación para el juez en caso de que exista un precio público que contenga un error palmario apreciable incluso para un consumidor medio, regla que constituye una excepción a las normas del Estatuto del Consumidor y al principio in dubio pro consumatore. Estas deben ser interpretadas de conformidad con principios constitucionales de buena fe, solidaridad y prohibición del abuso del derecho del consumidor frente al empresario, que lo releva de sostener la información pública del precio de un producto que contiene un error evidente o irrisorio. Ese aspecto tensiona la norma tuitiva de los derechos de los consumidores frente a los empresarios al ser interpretada en consonancia con los principios constitucionales que irradian del orden legal.