el artículo analiza la consulta que dirigió el Consejo de Estado en 1841 a una variedad de autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales de la Nueva Granada para indagar su opinión respecto a la reforma constitucional y los principios sobre los que debía constituirse el Estado. Ella permitió conocer la manera como se pensaba la ciudadanía, la división de poderes, la forma de gobierno y la representación política desde los espacios locales. Al convocar a la opinión nacional, la consulta planteó también el problema de quién o quiénes eran sus representantes legítimos. Realizada en medio de la guerra civil, esta sirvió para legitimar la reforma del Estado frente a la vía armada que demandaron los caudillos regionales. El artículo aborda de esta manera, la naturaleza y alcance de la consulta, su utilidad como mecanismo de legitimación política y su impacto en el texto constitucional de 1843.