Con la promulgación de la Ley 80 de 1993 en Colombia, se consideró que sería la solución legal definitiva para el tema de la contratación pública, tópico de suma importancia para cualquier país, por tratarse del medio que tiene a la mano cualquier gobierno de turno para la implementación de sus políticas. El contrato público pasa a convertirse en una pieza fundamental o angular de la administración pública, sin él no se podrían ejecutar muchas de las obras que fueron trazadas en los Planes de Desarrollo. Pasados casi 20 años del nuevo siglo el problema con la legalidad acerca de los contratos se encuentra en entredicho, para muchos no ha mejorado, por el contrario, cada día se encuentran mayores dificultades al celebrar un contrato entre el Estado colombiano y los contratistas, incluso se ha prestado para motivar la corrupción en este país. Es esta situación la que conduce a preguntarse en que se está fallando para que la adjudicación de contratos presente tantos problemas.