Con la desmovilización del grupo armado FARC–EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo), tras la firma del proceso de paz, se debe estar preparados para el futuro y evitar incurrir en los errores del pasado. La última desmovilización masiva fue en el proceso de paz con los paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia, en adelante AUC) en el 2005, donde los indicadores, no fueron muy alentadores: De casi cincuenta mil desmovilizados de las AUC, solo nueve mil de ellos culminaron procesos, y otros siete mil a esta fecha, aún se encuentran estancados en el proceso; porcentaje que no alcanza a ser siquiera la mitad de la población en cuestión. Este fenómeno incide negativamente en la finalidad misma de los procesos: al no tener cifras exitosas de reintegración, no existen garantías de acceso al trabajo para los desmovilizados, que debido a su condición de ex militantes, se enfrentan a varios obstáculos en el mundo laboral. El sector privado suele ser sumamente discriminante al momento de vincular reintegrados a puestos donde deben tratar directamente con el cliente o como representación de la empresa. Esto da como resultado, una posibilidad limitada de vinculación laboral, lo que suele desencadenar el regreso a la subversión.