La objeción de Harel y Teichman en contra de que los gobiernos sigan las “recomendaciones de política pública provenientes de los teóricos conductistas”, para llevar a la gente a obedecer las reglas penales y, de este modo, para prevenir la ocurrencia de crímenes, puede ser entendida como cuestiones acerca de la permisibilidad ética y la utilidad práctica de aplicar lo que llamaré “política criminal del nudge”. Mi propósito en este escrito no es ofrecer una definición exhaustiva de este tipo de política pública ni tampoco justificar su uso desde una perspectiva ética, sino tan solo enunciar algunos retos a las teorías tradicionales del derecho penal en las que Harel y Teichman asientan su objeción.