La pandemia ocasionada por la Covid-19, demostró una vez más la fragilidad de los Estados Latinoamericanos para implementar un modelo económico y político que garantice los derechos fundamentales de la sociedad. Por el contrario, la economía del narcotráfico ha reafirmado su capacidad de adaptación a esta crisis sanitaria. Como consecuencia, los líderes o “capos” del mundo “narco” han logrado reafirmarse como una estructura que ejerce violencia indiscriminada para garantizar el éxito de los mercados ilegales, pero que es legitimada por un grueso sector de la ciudadanía, en la medida que esté es compensado con un estilo asistencialista y un discurso populista que predica la necesidad de asumir los riesgos de este modelo, ante la incapacidad del Estado para garantizar economías legales en tiempos de restricciones y confinamientos. Como respuesta a este fenómeno, las instituciones estatales, insisten en la moralización del fenómeno y en ignorar –en otros casos prefieren la convivencia silenciosa-, los mercados globales, los procesos logísticos y la red de complicidades que asumen el riesgo del negocio, pero también sus lucrativas ganancias para la sobrevivencia en tiempos de coronavirus.