Las tradiciones jurídicas en extremo legalistas que aún se mantienen en el proceso penal colombiano sustentan las decisiones de los jueces e impiden que se apliquen fuentes del derecho que emanan de la Constitución y de las normas convencionales y los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dado que las políticas legislativas restringen los beneficios de la pena, se debe hacer un esfuerzo por avanzar en una interpretación judicial más acorde con la humanización del proceso. Así, este artículo investiga el abanico de normas y de precedentes con que cuenta el juez penal de conocimiento para lograr los fines de la justicia en la decisión judicial, promoviendo a la vez un cambio en la vulneración masiva de derechos de las personas privadas de la libertad.