Se describen los argumentos a partir de los cuales los magistrados de la Corte Constitucional colombiana respaldaron la solución al problema sobre si la estabilidad reforzada se circunscribe a personas calificadas con pérdida de capacidad laboral, e incorporadas al mundo del trabajo mediante contrato laboral; se muestran los argumentos desde los cuales los magistrados de la Corte justificaron su respuesta al asunto sobre si la vulneración a la estabilidad reforzada conlleva la aplicación de las prestaciones fijadas en la Ley 361 de 1997 aún en un contexto de prestación de servicio y sin que el trabajador posea calificación de pérdida de la capacidad laboral; y se concluye que en la sentencia SU-049 de 2017 dichos magistrados actualizaron el alcance del derecho a la estabilidad reforzada acorde con principios constitucionales de igualdad, solidaridad, dignidad y protección de las diferentes modalidades de trabajo, concediendo indemnización de 180 días de salario y reintegro del trabajador sin importar la tenencia del certificado de calificación de pérdida de capacidad laboral ni la forma de vinculación contractual. El enfoque metodológico acogido es hermenéutico.