En este artículo se analizan los criterios que deben considerarse para evaluar la responsabilidad del Estado colombiano por las afectaciones que sufran, derivadas de la COVID-19, las personas privadas de la libertad (PPL). Así, en primer lugar, se estudia la emergencia sanitaria generada por la COVID-19 y sus efectos en el sistema punitivo colombiano. En segundo lugar, se describe la respuesta de las instituciones estatales en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional. En tercer lugar, se analizan los principales desarrollos jurisprudenciales que, en materia contencioso administrativa, se han identificado en torno a la violación de los derechos de las PPL por causas imputables al Estado. Finalmente, se esbozan algunas conclusiones en torno a la posibilidad o no de adoptar criterios flexibles que permitan evaluar la responsabilidad del Estado colombiano frente a una situación inédita en la historia reciente.