En Colombia, las políticas habitacionales han condicionado el acceso a la vivienda digna al endeudamiento de los ciudadanos. Así, introducida en la cotidianidad de la ciudadanía y materializada a través de relaciones de poder asimétricas, la deuda se inserta en las preocupaciones constitucionales como una reacción a las fallas de la distribución de la vivienda a través del modelo de mercado. En este contexto, este artículo de investigación presenta la construcción de la figura del deudor en las políticas públicas desde los años treinta, y reconstruye la forma en la que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha contribuido con la definición de dicho sujeto. Para realizar el análisis, el texto caracteriza los modelos abstractos de justicia que yacen tras las justificaciones de la protección del deudor y señala los problemas derivados de la adopción de dichas justificaciones.