El incremento del consumo de sustancias psicoactivas entre los pueblos indÃgenas de Colombia es un problema en ascenso. El ordenamiento jurÃdico colombiano ha reconocido la adicción como enfermedad mental, ha elevado el derecho a la salud mental a la categorÃa de derecho fundamental, y ha incorporado normas para garantizar el derecho a la salud de los pueblos indÃgenas. Sin embargo, todavÃa existe en esta materia una brecha entre las normas y su aplicación. Este artÃculo sostiene que una de las principales razones detrás de esa desconexión entre las normas y la realidad está ligada a las limitaciones de los modelos acerca de la naturaleza de la adicción que han permeado el ordenamiento colombiano, y argumenta que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el instrumento normativo que permite comprender mejor el fenómeno de las adicciones. Esto por cuanto dicho instrumento permite ver la adicción como el resultado de vulnerabilidades socialmente causadas, que confluyen para socavar -mas no extinguir- la autonomÃa del individuo. Por esta razón, analizar la adicción desde la óptica de este tratado, es el primer paso para acuñar soluciones encaminadas a combatir esas vulnerabilidades, y brindarle tratamiento al adicto sin negarle su carácter de agente moral.
