A través de este estudio se pretende incursionar en la discusión sobre el tipo de responsabilidad que podría surgir para las entidades de salud: Entidad Promotora de Salud (EPS) e Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), como consecuencia de las omisiones o deficiencias que se registran en la prestación de servicios de salud a su cargo. La investigación trasciende el estudio de la responsabilidad atribuible a los profesionales que atienden o a quienes correspondería atender al usuario. A la vez, busca determinar si esa responsabilidad se puede extender a los directivos y a las empresas, cuando esas conductas obedezcan a directrices impartidas por los directivos o a la falta de control sobre la actividad desarrollada por los profesionales de la salud que hacen parte de su estructura. Para ello, se examinarán en primer término, las bases constitucionales y legales que determinan la estructura del sector de la salud, los actores del mismo y sus deberes, para luego revisar las distintas alternativas teóricas que ofrece la doctrina penal, tales como la autoría mediata a través de estructuras de poder, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la posición de garante y los deberes de vigilancia exigibles a las entidades de salud.