A partir de la Constitución Política de 1991, Colombia promovió que sus habitantes asumieran un rol activo dentro del Estado, con el fin de proteger los pilares esenciales y sus fines que se consolidan a través de actos solidarios de las personas para promover la convivencia pacífica, el bien común, el orden justo, el respeto a la dignidad humana, la diversidad y el pluralismo.No obstante lo anterior, los mecanismos de resolución de conflictos aún no son usados como herramientas para la construcción de paz y la participación ciudadana en la gestión consensuada de conflictos en el territorio nacional, sino como estrategias propias originadas de reformas legales para disminuir las cifras de congestión judicial.La conciliación es utilizada como un medio complementario de resolución de conflictos y no como un método eficaz que coadyuve a la transformación de resolución de conflictos, por eso, mientras se siga fortaleciendo estos mecanismos desde una óptica limitada al ejercicio legal va a incidir en la consolidación de la cultura de litigio como respuesta que garantiza la protección de los bienes jurídicos establecidos en el ordenamiento jurídico.