Frente al requerimiento constitucional de integrar el concepto de autonomía progresiva del menor de edad en la normativa civil interna, los autores plantean la plausibilidad, para el caso chileno, de entender compatible ese principio con el sistema de protección basado en la incapacidad y la invalidación, a condición de que se asigne a cada uno un campo aplicativo separado: el primero para los actos e intereses extrapatrimoniales, el segundo para los negocios patrimoniales. Esta propuesta interpretativa permitiría conservar las ventajas del sistema civil de incapacitación invalidación aplicable a los actos realizados por un menor adulto relativamente incapaz, por un lado, con el necesario reconocimiento de las decisiones del adolescente progresivamente autónomo en el ámbito personal, por otro.