El documento propone un modelo de análisis de riesgos de contratación que permiten identificar entidades públicas y contratos de interés para el control fiscal.
 El concepto de «interés para el control fiscal» invita a reconocer que los recursos presupuestales y humanos de los órganos de control son escasos y por lo tanto es conveniente priorizar y focalizar los esfuerzos de la vigilancia del control fiscal en aquellas entidades y contratos en los que se han detectado ciertas características atípicas. La vigilancia del control fiscal es la función de la Auditoría General de la República y en el marco del Acto Legislativo 04 de 2019 tiene ahora la función de impulsar la estandarización de procesos que aumenten la calidad del trabajo misional de las contralorías territoriales
 El modelo de análisis se construye a partir de la revisión de una muestra de contratos celebrados en el contexto de la emergencia sanitaria resultado de la Pandemia por el Coronavirus Covid-19, el cual ha permitido la contratación por medio de la figura de la urgencia manifiesta. El modelo de análisis reconoce la importancia de: i) contar con un procedimiento de priorización de las entidades públicas de interés para el control fiscal a partir de dos variables clave como son el número de contratos y el valor total de su contratación; ii) contar con 
 un procedimiento para revisar un gran volumen de documentos contractuales con el fin de comprender la naturaleza de aquello que se está contratando, con lo cual el ejercicio de control fiscal cobra sentido al reconocer que el presupuesto público se debe convertir en bienes y servicios para la ciudadana; iii) contar con un método que permita una expedita y cualificada valoración del riesgo de los contratos públicos, por parte de las contralorías territoriales y la Auditoría General de la República, a partir de la aplicación de los principios de las normas de contratación estatal.
 El modelo de análisis de riesgos de contratación es una propuesta que antecede el proceso de selección de entidades y contratos específicos para auditar. En esa medida, el modelo no se ocupa de la recolección de elementos materiales de prueba sino en la comprensión de los riesgos que pueden afectar negativamente la calidad del gasto público.