Desde la Constitución Política colombiana fundamentada en tratados y convenios de Derechos Humanos, se prevén garantías de igualdad formal ante la ley, y equidad a modo de inclusión o igualdad real, para hacer igual a los iguales y desiguales a los desiguales. Contamos, con acciones afirmativas además de sistemas de tratamiento diferencial para comunidades vulnerables que obligan tanto al ejecutivo, como al legislador, y por supuesto a los jueces, a fijar ayudas y compensaciones para sujetos que tradicional y sistemáticamente han sido amenazados o vulnerados en sus derechos. Analizamos críticamente el concepto de vulnerabilidad especialmente de comunidades indígenas, que son objeto de especial protección constitucional, y desarrollo integral entre derecho y contexto con origen en declaraciones de “Estados de Cosas Inconstitucionales”, para que el mandato evolucione hacia la política, y la decisión judicial hacia el contexto reconociendo la prevalencia de la dignidad humana. Integremos vulnerabilidad con solidaridad y su contracara la igualdad ante la ley, en “sentencias estructurales”, que ordenan efectivizar garantías. Indagamos por conceptos de Estado moderno, y Estado unitario descentralizado por territorios étnicos que privilegian el autogobierno con agendas de reconocimiento y reparación integral.