El desplazamiento forzado constituye un fenómeno social, económico, político y cultural que ha marcado la historia reciente de Colombia a lo largo del siglo XX, dejando graves secuelas en cerca de 7.265.072 personas víctimas de este flagelo (Unidad de Víctimas, 2017), quienes han sufrido las consecuencias propias del desplazamiento y el desarraigo que se sucede como consecuencia directa del conflicto armado interno, en el que diversos actores armados como las guerrillas, los grupos de autodefensas, además del mismo Estado, han sido perpetradores en mayor o menor medida de este crimen, se suma al escenario de desarraigo, la perdida de sus familiares, sus bienes y la imposibilidad de continuar o desarrollar un proyecto de vida.
 Por tratarse de un tema vigente en la agenda pública, la academia, así como en sectores políticos y sociales, el siguiente artículo presenta un análisis acerca de cómo el criterio se sostenibilidad fiscal puede llegar a constituir un límite a la garantía de reparación por vía administrativa para las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Para ello, se tendrá en cuenta algunos aspectos relevantes que permiten una aproximación conceptual a la manera en que la insuficiente atención por parte del Estado a este grupo poblacional conllevó a que la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-025 de 2004 declarará el estado de cosas inconstitucional (ECI) en el tema, emitiendo diferentes órdenes al gobierno nacional tanto del nivel central como territorial, con el fin de que se adopten las medidas necesarias que permitan en un primer momento, mitigar los efectos negativos del desplazamiento, como también en el mediano y largo plazo, superar la declaratoria de ECI, todo esto bajo la perspectiva del reconocimiento y la garantía del goce efectivo de los derechos humanos que han resultados conculcados a las víctimas de la violencia en el país.