La investigación reconoce la existencia de dos realidades que hasta el momento han sido paralelas. La primera, que existe un régimen de responsabilidad jurídica que apareja un tratamiento diferencial a las personas con discapacidad. La segunda que, a partir de la Convención de 2006 de la ONU sobre personas con discapacidad, se prohíbe el trato diferencial. La investigación se orienta a verificar los efectos que tiene la Convención sobre el régimen de responsabilidad, y las obligaciones que adquirió el Estado colombiano en el sentido de ajustar lo uno a lo otro.