El presente artículo tiene como propósito determinar la relación que existe entre el arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos y el derecho de acceso a la justicia, observado desde la facultad transitoria otorgada a los particulares en la Constitución de 1991 para administrar justicia, lo cual facilita el acceso y la desjudicialización del mismo, en el entendido de que el arbitraje cumple una función jurisdiccional y por tanto su configuración y procedimiento se enmarca dentro de la función pública. La justicia arbitral es una manifestación de la efectividad del derecho de acceso a la administración de justicia porque no solo reduce los tiempos de respuesta al conflicto; sino que profiere una decisión que, en el marco del ordenamiento jurídico colombiano, posee los mismos efectos de una sentencia judicial lo que reafirma a este mecanismo como el idóneo para resolver las controversias suscitadas en el marco de la contratación pública.