La sentencia C-111 del 2019 constituye una de las ultimas regresiones de la Corte Constitucional en materia de proteccion de derechos fundamentales y un claro retroceso en el proceso de internacionalizacion del derecho en ese pais. Esta decision ha restrindigo severamente el espacio de interpretacion con que cuentan los jueces para proteger derechos, porque ha reducido la efectividad de la Convención Americana de Derechos Humanos a travez de la negacion sisteamtica del valor normativo que tienen las decisiones de la Corte Interamericana de Derehcos Humanos sobre sistemas legales que pertenecen a este instrumento internacional. Esta decision desafia las bases del llamado dialogo jurisprudencial en Colombia y ha aumentado la separacion de la practica judicial colombiana respecto de los contenidos del derecho internacional.