El objetivo de este documento es realizar un análisis sobre el sistema jurídico nacional e internacional sobre la (des)protección de personas que, contra su voluntad, son forzadas a abandonar sus hogares y desplazarse como consecuencia del cambio climático. De esta manera, por medio de un análisis cualitativo, se presentan las conclusiones en torno a la necesidad de re-formular internamente la categoría de migrante económico y ampliarlo para solventar una situación que hasta ahora parecería estar invisibilizada, así como el sistema nacional de gestión del riesgo, que parecería continuar siendo un sistema reactivo.