Al final de la hegemonía conservadora (1926-1930) se agudizaron las huelgas y movilizaciones obreras. El gobierno, temeroso de la expansión de la Revolución Bolchevique, lanzó acciones represivas y una ofensiva jurídica contra esas manifestaciones y toda organización política "socialista". Una de las herramientas para tal propósito fue la ley 69 de 1928 de Defensa Social o "ley heroica", que establecía una férrea censura de prensa, convertía en delitos tanto a las manifestaciones públicas de protesta como "el provocar o fomentar la abolición o el desconocimiento, por medios subversivos, del derecho de propiedad y la familia". El artículo reconstruye la trayectoria de la ley heroica hasta su modificación parcial en 1931, bajo el nuevo gobierno Liberal; la sitúa en su contexto político y además examina uno de sus más importantes diseños institucionales: los jueces de prensa y orden público.