La situación de la Iglesia hispanoamericana a fines del siglo XVIII está marcada por la política reformista de Carlos III y sus ministros, que dio lugar a la figura jurídica del regio vicariato; éste fue la evolución del Patronato regio de los siglos anteriores. Así, el rey tenía también el poder de ser vicario por la naturaleza de su propio poder real y no solo como una concesión otorgada por el papa.
