La Sentencia T-622 del 2016 de la Corte Constitucional, que reconoce la cuenca del Atrato como entidad sujeto de derechos, supone una oportunidad inédita para la imaginación ecopolítica en el país. Este reconocimiento plantea retos, puesto que requiere un trabajo de traducción y representación para definir los derechos efectivos de la cuenca. Parte de este trabajo viene siendo desempeñado por el grupo de Guardianes del Atrato, quienes velan por el reconocimiento y la salvaguarda de unos derechos aún por concretar. En este artículo, abordamos la cuestión de los derechos del río no solo como un problema de representación jurídica, sino también como un ejercicio ecopolítico que busca anudar, de maneras novedosas, las vidas, las prácticas y los saberes que florecen a lo largo del Atrato.