En el 2012, luego de que el presidente de turno Juan Manuel Santos Calderón objetara el Acto Legislativo de Reforma a la Justicia, se abrió uno de los debates constitucionales más importantes del momento, el cual fue conocido por los altos tribunales como los son la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. En el presente artículo se hace un análisis histórico de la competencia de objeción a reformas constitucionales, se observa en un ejercicio de análisis de referentes las disposiciones constitucionales de algunos países de América Latina sobre dicha atribución, se desarrolla una carga argumentativa de las razones de improcedencia, además de examinar sentencias de los tribunales antes mencionados en lo que respecta al tema de investigación.